Show me the money, justicia fiscal para garantizar el derecho a la educación
Todo el mundo parece estar de acuerdo con la idea de que la educación es un pilar básico para el presente y el futuro de nuestras sociedades, el motor que hace avanzar al mundo por el camino del progreso y una de las principales herramientas para luchar contra la pobreza y la desigualdad. Cuando desde las organizaciones sociales nos movilizamos para defender el derecho de todas las personas a una educación gratuita y de calidad, el consenso político y social es prácticamente absoluto. Este acuerdo ha quedado reflejado, negro sobre blanco, en diversos compromisos internacionales, entre los que destacan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015.
El cuarto de ellos compromete a los Estados a «garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos«, a través de una serie de metas relativas al acceso a la educación, la igualdad de género, la equidad educativa y el profesorado. Este objetivo, que debe alcanzarse en el año 2030, aplica a todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo y situación económica. Es decir, también afecta al sistema educativo español, e impone a nuestro país una doble obligación: como donantes, debemos volver a la senda de asignar el 0,7% de nuestra renta nacional bruta a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), y dedicar al menos el 8% de esa ayuda a la educación básica.
Pero también en nuestro país tenemos que trabajar para cumplir con las metas establecidas por el ODS4 y, teniendo en cuenta datos como que somos el segundo país de Europa con mayor tasa de abandono escolar prematuro, desde luego nos queda mucho por hacer. De momento, los partidos políticos están impulsando un pacto de Estado por la Educación que aspira a ser un acuerdo político, social y territorial amplio que sobreviva (al menos) varias legislaturas.
Sin embargo, a la hora de la verdad no salen las cuentas. La crisis. Los objetivos de déficit. Los recortes generalizados en los servicios públicos. No hay dinero, dicen. El caso es que, entre 2010 y 2012, España redujo el presupuesto educativo en un 12%, frente al 3% de la media europea; aunque lo cierto es que históricamente nuestro país ha invertido en educación menos que sus homólogos de la UE y la OCDE.
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